La comisión especializada para el tratamiento de enmiendas constitucionales de la Asamblea Nacional recibió al prefecto Rafael Dávila para que exponga su propuesta.
El prefecto de Loja indicó que “la Constitución de la República y el COOTAD asignan las competencias a los Gobiernos Provinciales, la primera es la vialidad rural, que es la de mayor demanda por parte de la población”, en la actualidad la provincia de Loja es la más perjudicada, porque pese a tener similar número de kilómetros de vías rurales que Guayas, su asignación es cinco veces menor.
El Art. 272 de la Constitución elaborada en Montecristi señala que “la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 1. Tamaño y densidad de la población. 2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y 3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado”.
Sin embargo, Dávila señala que no se considera la dimensión de la red vial provincial, que es la de mayor responsabilidad de las prefecturas; la propuesta señala que para el caso de los Gobiernos Provinciales se incluya en el artículo señalado otro criterio, que es el número de kilómetros de la red vial provincial.
Agradeció a la asambleísta Jeannine Cruz por haber acogido este planteamiento y haberlo presentado de manera formal en el seno de la Asamblea Nacional, contribuyendo a hacer justicia con Loja y las demás provincias del país
