De manera didáctica, el prefecto Rafael Dávila explicó a representantes de medios de comunicación la vigencia desde el año 2013 de la “Ordenanza especial para la creación de una tasa por servicio de mantenimiento y mejoramiento de la vialidad rural de la provincia de Loja”.
La ordenanza vigente establece el cobro de una tasa como requisito para la matriculación vehicular, en función al avalúo de los automotores, que va de uno a diez dólares; sin embargo, hasta el momento no se había cobrado por la ausencia de condiciones operativas para el cobro, con el que se recaudarían ciento veintinueve mil dólares.
Sin embargo, el 4 de octubre del año anterior, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), mediante Resolución No. 075-DIR-2019-ANT dispuso que los “Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales o Mancomunidades deberán considerar como uno de los requisitos para la matriculación vehicular la verificación del recibo o comprobante de pago de la tasa de contribución para el mantenimiento de la vialidad rural, prevista en el artículo 184 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización…”, razón por la cual la recaudación entra en vigencia.
El prefecto Dávila mencionó los proyectos asfaltados por la Prefectura, que comprenden 294 km de vías asfaltadas, con una inversión de alrededor de 70 millones de dólares; obras que deben recibir el mantenimiento correspondiente que comprende actividades como: limpieza de derrumbes, cunetas, alcantarillas, desbroce de maleza, bacheos puntuales e incluso recapeo cada determinado tiempo, trabajos para los cuales se requieren más de dos millones de dólares.
Por esta razón, se plantea una reforma a la Ordenanza vigente, cuyo objetivo “no es cobrar por la construcción de las vías, lo que se pretende es obtener recursos para todo lo que significa mantenimiento”, la utilización de lo recaudado se podría garantizar incluso estableciendo un fideicomiso para que sea invertido en mantenimiento vial y no en otros fines.
Dávila indicó que la propuesta con la que se pretende obtener algo más de un millón de dólares se ha puesto en conocimiento del Consejo Provincial (alcaldes, representantes de gobiernos parroquiales) y se encuentra en proceso de socialización con varios sectores, “no se actúa de manera arbitraria, ayer nos reunimos con el sector transporte luego se lo hará con los demás sectores, no estamos para imponer sino para escuchar”, los acuerdos que se obtengan de estas socializaciones son los que se finalmente se pongan en marcha.
