Optimizar la estructura organizacional y financiera es una de las metas inmediatas en la Prefectura de Loja, uno de los primeros pasos es la supresión de las empresas públicas de Desarrollo Productivo (Deprosur) y de Riego y Drenaje (Ridrensur).
La Prefectura de Loja, en la administración de Rubén Bustamante, cambió las direcciones de riego, vialidad y producción a empresas públicas, gracias a la Ley vigente que daría ventajas a este modelo administrativo en gobiernos locales; pero “ello resultó ser un fracaso”, pues lejos de conseguir contratos externos, se multiplicaron funciones y gastos operativos a la entidad provincial.
El prefecto Rafael Dávila indica que el fin de una empresa pública es que sea autosustentable, pero en el caso de Vialsur, Ridrensur y Deprosur eso nunca ocurrió, pues no generaron ingresos para sustentar sus gastos, sino que dependían exclusivamente de recursos de la Prefectura.
Estos fondos iban destinados a cosas innecesarias como el pago de arriendos de edificios particulares cuando podían permanecer en la entidad o al pago de personal para el departamento financiero, administrativo, de talento humano, jurídico y planificación de cada empresa, es decir una estructura burocrática con la que siempre contó la Prefectura.
Además, “generaban un perjuicio económico a la entidad porque la ley no les permite a las empresas públicas recuperar Impuesto al Valor Agregado (IVA) como sí lo permite a los gobiernos autónomos, por lo que se calcula pérdidas de dos millones de dólares anuales solo en esto”, agregó el Prefecto.
La actual administración de la Prefectura optó por terminar los arriendos y asumir desde la administración central las adquisiciones de insumos y contrataciones para evitar más derroche, lo cual se complementa con la liquidación de Ridrensur y Deprosur, que comenzó este lunes tres la aprobación de las ordenanzas de cierre por parte del Consejo Provincial.
Únicamente, se mantendrá la empresa pública de vialidad, Vialsur, con una estructura mínima, dejando de esta manera una puerta abierta para tratar de conseguir en el futuro un contrato con el Estado. La liquidación tomará 90 días, lo que no implica que los servicios de mantenimiento vial rural, obras civiles, riego, gestión ambiental, fomento y desarrollo productivo dejen de funcionar.
El recorte de funcionarios es inminente pero en gran parte se trata de personal contratado y de nivel jerárquico superior, que es de libre nombramiento y remoción, por lo que no tendrá costo para la entidad. En cuanto a los recursos materiales serán transferidos a la Prefectura.
Este proceso de liquidación de las empresas públicas permitirá un ahorro de 3 millones de dólares anuales a la Prefectura, que serán destinados a la inversión en riego y vialidad.
